Por Pablo Salinas

El 23 de junio pasado, en ceremonia en La Moneda, Bachelet pide perdón al pueblo mapuche. El asunto alcanza cierta resonancia porque viene a ser la primera vez, la primera vez en al menos el último siglo de vida republicana, que un presidente en ejercicio declara algo similar ante el país, ante las cámaras. La máxima autoridad del gobierno de Chile reconoce los “errores y horrores” cometidos en el pasado contra el pueblo mapuche. Al discurso muchos no pueden sino asignarle innegable importancia, incluso cierta trascendencia. A otros, más bien, no hace más que evocarnos poderosamente al lloroso Aylwin presentando el informe Rettig. Esta vez no hay lágrimas –pese a que la materia convoca también un sinfín de torturas y muertes-, pero sí similar actitud constreñida y palabras plausibles, criteriosas, biensonantes.

A los pocos días, el 27 de junio, Bachelet se reune en la misma Moneda con el presidente Macri, quien cruza la cordillera en visita relámpago para entrevistarse con su colega chilena. Se informa que ambos firmarán acuerdos de cooperación bilateral. Ciertamente. Y de cooperación bilateral también en el tema mapuche: pocas horas después del encuentro, el lonko Facundo Jones Huala es detenido en Argentina. A menos de un año de haber sido puesto en libertad, Jones Huala vuelve a ser detenido y encarcelado. El pedido de extradición interpuesto por la justicia chilena en su contra, declarado nulo en septiembre del 2016 por un tribunal de Esquel, curiosa e injustificadamente vuelve a ser reactivado.

La justicia chilena persigue al lonko nacido en Bariloche porque lo acusa de haber participado en el incendio del fundo Pisu Pisue, en las cercanías de Osorno. La misma causa por la que la joven machi Millaray Huichalaf fue condenada por un tribunal de Valdivia como encubridora en 2014. Es condenada a dos meses de pena remitida, tras haber pasado otros cuatro en prisión preventiva. De todos los inculpados, ella termina siendo la única condenada y encarcelada. Pese a lo feble de las pruebas en su contra y del evidente hostigamiento, una vez recuperada su libertad, evita hablar de su experiencia en la cárcel porque rehuye cualquier asomo a victimización. Prefiere hablar del futuro. Y de los logros de su comunidad. Como el de haber frenado un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con destruir tierra sagrada. Y, sobre todo, del cambio en el patrón cultural, de un recuperado sentimiento de orgullo por ser y vivir como mapuche. Y esto es lo que, pese a los discursos y a los anuncios de planes de apoyo y reconocimiento, el gobierno, tanto chileno como argentino, no pretenden sino combatir.

Millaray Huichalaf tiene 26 años, Facundo Jones Huala, 31. Se trata de líderes jóvenes, a ambos lados de los Andes, pujantes, con un grado de madurez en sus convicciones que impresiona. La machi Millaray logró levantar a más de 30 comunidades locales contra un millonario proyecto energético de capitales noruegos. La principal razón del rechazo: la represa contemplaba la inundación de un centro ceremonial de gran importancia en la cosmovisión mapuche. Caso similar al que se genera 12 mil kilómetros al norte, en el otro extremo del continente americano, en Standing Rock, la gran reserva siux, donde tribus nativas se oponen al paso de un oleoducto bajo el sagrado río Misuri. Casos similares se empiezan a replicar, a una escala que va mucho más allá de los márgenes de nuestro cono sur. Las órdenes provienen desde lo más alto de la cúpula y no son otras más que sofocar su avance sin dilación y con todo el peso de la mano represora. El sistema simplemente no puede tolerar que se pongan en entredicho, e incluso que lleguen a colapsar, proyectos paradigmáticos del modelo por razones como algunas hectáreas de bosque nativo o un simple cementerio indígena.

Y ante esto, ni Bachelet ni Macri son otra cosa más que meros operadores, subordinados que deben limitarse a acatar y hacer cumplir.

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